Ahora que niños y niñas están encerrados en casa, algunas voces se han alzado mostrando las brechas y desigualdades que se generan cuando la infancia queda al amparo solo de las familias. El confinamiento resulta muy duro para esa edad y especialmente para quienes están encerrados en pocos metros cuadrados, sin una terraza donde asomar la cabeza, ni una hermana con quien poder jugar. La convivencia resulta un infierno en familias desbordadas por problemas o cuando hay abusos y violencia. Para muchos, la vida familiar no es el musical de sonrisas y algodones que los anuncios muestran, ni el ecosistema perfecto para el desarrollo infantil que otros defienden. La vida privada, tal como la definieron los griegos, es “privada” esto es, carente en sí misma. No hay familia, ni siquiera las más felices, que pueda compensar o suplir con sus recursos la diversidad y riqueza que ofrece una sociedad en el ámbito público.
La privación temporal hace que reparemos en el papel igualador de calles, plazas, bibliotecas, centros de salud o colegios, donde las diferencias de clase u origen se difuminan y reequilibran. Tanto el niño que vive en un chalet como el que vive en una habitación interior, pueden jugar en un mismo parque, tomar prestados los mismos libros o acudir a la misma aula escolar y, gracias a que existen plazas, bibliotecas o colegios públicos, sus vidas no dependen exclusivamente de los recursos familiares.
Esta riqueza pública la hemos comprobado recientemente en un estudio realizado en un Instituto de Madrid donde buscábamos indagar y revertir la mala fama derivada del elevado número de estudiantes migrantes y de etnia gitana en sus aulas1. A pesar del estigma, estudiantes, familias y profesorado se afanan en construir un lugar seguro donde sentirse reconocidos, valorados e iguales. La misión de este centro educativo desborda sus muros y va más allá de la función estrictamente docente, afrontando con sus herramientas educativas los problemas del barrio. La confianza lograda, que los estudiantes nombran como “somos familia”, permite canalizar y mitigar deficiencias del ámbito privado y compensar las fuertes desigualdades sociales.
Al final, la mala fama no es más que una de las perversas derivadas de un sistema público contaminado por la lógica privada. Al concebir la educación como un servicio individualizado, apegado a la elección de las familias, se ha abocado a la competencia a los mismos centros públicos, que se miden por un ranking que no atiende al contexto. El resultado es la segregación escolar, cuya dimensión en la Comunidad de Madrid solo se ve superada en Europa por Hungría, y la polarización entre centros “de primera”, codiciados por las familias de clases medias por su homogeneidad social y sus logros académicos, y los centros “de segunda categoría”, los colegios- gueto, donde quedan los estudiantes de familias inmigrantes o de minorías étnicas y que ven peligrar su viabilidad ante la huida de las familias y los docentes con más recursos.
Lo sorprendente es que, en algunos de estos colegios e institutos estigmatizados, a pesar de la falta de apoyos y la acumulación de problemas, han conseguido erigirse en auténticas instituciones que preservan los valores públicos; y en donde las personas diferentes se pueden reconocer, convivir y aprender a resolver juntos los problemas comunes. En cada visita a ese centro veíamos al equipo docente, directivo, junto con sus jóvenes, resolviendo cuestiones vitales y haciendo de nexo entre las familias y otros servicios públicos.
En estos momentos difíciles, que tensionan al límite la capacidad de las familias por sostener a sus criaturas encerradas, brindo un aplauso por esos colegios e institutos públicos que son el auténtico hogar de muchos y en donde se experimenta y se aprende que el éxito individual solo tiene sentido si prevalece el bien común.
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